miércoles, 28 de septiembre de 2016

Crónica Jueves 22 de Septiembre: Pesadillas de agosto

  • por Exequiel Arias para el Diario del Juicio
PH Archivo Operativo Independencia - Gentileza Archivo Nacional de la Memoria


La familia Lobo dormía cuando los militares llegaron al domicilio donde vivían, un caserón cerca de los cañaverales. Tumbaron la puerta de una patada y, en medio de gritos e insultos, despertaron a todo el mundo. Sentado ante el tribunal, Juan Carlos Lobo recordó que, en medio de la oscuridad y el aturdimiento, sólo alcanzó a ver dos personas encapuchadas que lo golpearon en la cama, le vendaron los ojos y lo maniataron. Por su parte Carmen, su hermana, relató que fue sacada violentamente de su dormitorio junto a su hermana y su madre. “Esa noche se llevaron a mis cuatro hermanos, a mi primo y a mi papá, Nicolás Lobo”.


Juan Carlos y Carmen Lobo vivían en San Rafael, Lules. La noche del 10 de agosto de 1975 fuerzas uniformadas y vestidas de civil irrumpieron en el domicilio donde vivían. Carmen le contó al Tribunal que uno de los intrusos le apuntó a su mamá con un rifle, otro le arrebató su monedero y otro derribó de una piña a su hermana, María Mercedes. El resto se dedicó a registrar el domicilio: “dieron vuelta toda la casa”, recordó.

“Yo creo que nos tuvieron en la base militar que estaba en el Ingenio Lules”, narró Juan Carlos. El testigo aclaró que en ese lugar sólo reconoció la voz de su primo: no supo nada del resto de sus familiares secuestrados esa misma noche. Juan Carlos relató que, mientras estuvo allí, fue interrogado sobre los "guerrilleros" y picaneado en todo su cuerpo. También recordó que, en ese mismo lugar, escuchó a otras personas quejarse y gritar.
Carmen Lobo relató que su madre los buscó durante los 20 días que estuvieron desaparecidos. Los seis familiares secuestrados fueron liberados el mismo día, en diferentes sitios. A Juan Carlos y a su primo lo liberaron cerca del Ingenio Bella Vista, mientras que a su padre lo dejaron cerca del río: sobre este último, Carmen contó que fue encontrado en un estado deplorable, severamente golpeado y con los ojos hinchados por las golpizas. Su padre, Nicolás Lobo, tardó seis meses en recobrar la visión y no pudo regresar a sus actividades laborales como trabajador del Ingenio Lules.

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Angélica Ovejero sollozó ante las primeras preguntas del fiscal Chit. La testigo convocada a declarar ante el Tribunal, relató que su hermano fue llevado por averiguaciones en agosto del 75, y jamás lo volvió a ver: Víctor Humberto Ovejero vivía en La Mesada (Santa Lucía), tenía 18 años y pelaba caña en el ingenio. Su hermana insistió en que no poseía actividad gremial ni tenía afiliación política.


La madrugada del dieciséis de agosto de 1975, fuerzas militares coparon el pequeño barrio de Santa Lucía en el que vivían los hermanos Ovejero. Angélica recordó que, cerca de las tres de la mañana, escuchó disparos en la zona seguidos de gritos alrededor de la casa. Inmediatamente, un hombre uniformado irrumpió en el domicilio junto a otros nueve hombres, que revolvieron el lugar y detuvieron a Víctor. Mientras lo subían a uno de los autos, explicaron a su madre que eran del ejército del Arsenal N°28 de Salta, y que lo llevaban para averiguaciones. Angélica relató al fiscal que no pudo ver las caras de los captores, ya que en su casa no había luz eléctrica, además de que tenían el rostro oscuro, “como pintado”. En aquella ocasión, los sujetos se movían en jeeps y camiones del ejército. Angélica recordó que también secuestraron a otras personas del barrio, como su vecino José Antonio Toledo.

La madre de Víctor lo buscó en todas partes: fue a la base militar que se había instalado en el Ingenio, a la Escuelita de Famaillá y al Arsenal Miguel de Azcuénaga, pero no le dieron información. Angélica narró que su madre transitó los mismos lugares una y otra vez, pero jamás obtuvo una respuesta favorable. En las comisarías y dependencias policiales le decían que “ellos no sabían nada porque eso era cosa del ejército”.

41 años después, Víctor Humberto Ovejero continúa desaparecido.

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“Yo quiero hablar, decir, sacarme esta mochila”, dijo Elvira Rosa Roldán al Tribunal. La testigo conoce la fuerza de las palabras y presiente el alivio que le prosigue a nombrar las injusticias de las que fue víctima.


“Cuando llegué a mi casa, me enteré que se llevaron a mi marido en un jeep del Ejército Argentino”. Rosa regresaba de trabajar y se dirigía a la casa que compartía junto a Fernando Arturo Soria Ovejero. La pareja, que se había casado en 1973, vivía en Santa Lucía y tenía un pequeño bebé de un año y seis meses. Fernando trabajaba como electricista de la Municipalidad de Monteros y era montonero. Rosa aclaró al Tribunal que, si bien respetaba la afiliación política de su marido, ella no poseía militancia alguna y tampoco le interesaba el activismo de Fernando.

El 20 de agosto de 1975, Rosa regresaba de trabajar en la guardia del hospital donde se desempeñaba como enfermera, cuando sus vecinos le alertaron del secuestro de su marido. Inmediatamente, se dirigió a la base militar que funcionaba en el ingenio, donde un sargento de apellido Jaime le informó que Soria Ovejero no se encontraba allí.

Un mes después, se publicó en La Gaceta una nota informando la aparición de un cadáver en un banco frente a la Plaza Independencia: el cuerpo de Fernando Soria Ovejero se encontraba acribillado, atado y tapado con diarios. Cuando Rosa se dirigió a la comisaría Seccional 1°, un oficial de apellido Díaz la acompañó durante el reconocimiento del cadáver y le hizo firmar unos papeles. Posteriormente, la trasladaron a una jefatura de policía donde le tomaron fotos de ambos perfiles y registraron sus huellas digitales. “Yo le pregunté para qué me hacía todo eso -relató- y me contestaron que era para ficharme”. En medio de la confusión, Rosa se dirigió a la morgue de Monteros para retirar el cuerpo de su marido: en el informe donde se detallaban las causas de la muerte de Fernando, se leía “muerte por shock neurogénico hipovolémico”. Atónita, interrogó al médico forense sobre el informe: “Fernando tenía balas hasta en la boca, y tenía hematomas de picana en los ojos y en todo el cuerpo”, recordó. Carlos Raul Richo, médico forense del hospital de Monteros, sólo atinó a decirle “que estaba todo en llamas”, haciendo referencia al temor de sufrir represalias si plasmaba en el informe las causas verdaderas del fallecimiento.

Rosa confesó ante el Tribunal el miedo y la paranoia que se habían instalado en ella, y que le impidieron realizar una denuncia o solicitar un habeas corpus. Sin embargo, cuarenta años después, se atrevió a sentarse ante el Tribunal a denunciar los hechos que la hicieron víctima junto a su familia. Relató su propio secuestro durante el año 77, las golpizas recibidas y las torturas con picana en todo el cuerpo. Narró, con la voz quebrada, las amenazas, por parte de sus captores, de asesinar a su pequeño hijo y "hacerle comer sus partes"... Contó que, luego de su liberación, la vida fue muy difícil: pasaba noches enteras sin dormir y se sentía constantemente perseguida por dos hombres. Así, Rosa puso en palabras que las secuelas de las torturas no sólo fueron físicas, sino psicológicas: “hasta el día de hoy, hay estudios médicos que no me puedo hacer porque le tengo pánico a la electricidad”.

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